Gonzalo Sanz Segovia | 14/10/2025
La Unión Europea (UE) tiene el firme compromiso de alcanzar la neutralidad climática para 2050, y todos sus estados miembros están inmersos en la transición hacia una economía más verde y sostenible. Aunque la meta es común, los retos que afronta cada país son muy diversos.
Este desafío compartido, que forma parte del Pacto Verde Europeo, puede afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos o regiones que dependen de una u otra manera de combustibles fósiles o de industrias basadas en ellos, tal y como indica el informe Transiciones sostenibles justas: del concepto a la práctica publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), organismo europeo independiente, que analiza la importancia de integrar la equidad en cada fase del proceso de transformación ecológica.
Sostenibilidad y justicia social
Las políticas medioambientales de la Unión Europea (UE) han incorporado un enfoque de justicia social para que su avance sea inclusivo y no deje a nadie atrás. Este concepto se aborda desde tres perspectivas:
- Justicia distributiva: Asignación de costes y beneficios.
- Justicia procedimental: Participación colectiva en la toma de decisiones.
- Justicia identitaria: Consideración de culturas, realidades sociales y formas de vida diversas.
Este enfoque multilateral busca asegurar que el progreso medioambiental no se produzca a costa de nuevas desigualdades o de una mayor exclusión social.
Para establecer el marco que garantice su cumplimiento, se han establecido iniciativas que no solo se centran en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en mitigar los impactos sociales y económicos de las políticas verdes sobre los grupos vulnerables, colocando la equidad y la cohesión territorial en el centro de las decisiones comunitarias. Algunas de las más relevantes son:
- Mecanismo para una Transición Justa. Una herramienta de apoyo para regiones, sectores y trabajadores que dependen de actividades con altas emisiones de carbono (como la minería del carbón) para ayudarles a adaptarse a un nuevo modelo económico más verde y sostenible. Se han movilizado aproximadamente 55.000 millones de euros para un periodo de aplicación establecido desde 2021 hasta 2027. Cada país debe definir qué regiones recibirán apoyo, sus retos, objetivos hasta 2030, y cómo se gestionarán los fondos. Esto se hace a través de planes territoriales aprobados por la Comisión Europea.
- Fondo Social para el Clima. Instrumento que garantiza una transición energética justa, especialmente para quienes más sufren la pobreza energética o de movilidad. Su objetivo es ayudar a hogares y pequeñas empresas a adaptarse al cambio hacia una economía más limpia. Se dará especial apoyo a islas, regiones montañosas y zonas remotas, y se exigirá que los países beneficiarios respeten los derechos fundamentales y el Estado de derecho. La dotación estimada asciende a 86.700 millones de euros y estará operativo a partir de 2026.
- Fondo de Modernización (Modernisation Fund). Programa de la UE que apoya a los trece Estados miembro con ingresos más bajos en su camino hacia la transición (con un PIB per cápita inferior al 65 % de la media de la UE). Su objetivo es modernizar los sistemas energéticos, mejorar la eficiencia e impulsar una transición justa en regiones carbono-dependientes. Este fondo no solo promueve la inversión en energías limpias, sino también en medidas que refuercen el tejido social y laboral de las comunidades más expuestas a los cambios estructurales.
Adaptación equitativa y resiliencia colectiva
Como hemos podido observar en los últimos años, el cambio climático golpea con más fuerza a los grupos vulnerables, que además tienen menos recursos para enfrentarlo. Para protegerlos, la AEMA puso el foco en su informe Hacia una resiliencia justa en las medidas de adaptación eficaces y equitativas para todos los grupos sociales, incluyendo jóvenes, personas mayores, hogares con bajos ingresos, minorías étnicas, inmigrantes y enfermos. Estos grupos suelen habitar zonas geográficas más expuestas al azote de los eventos naturales extremos, como olas de calor o inundaciones.
La primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos (EUCRA), publicada en 2024, señala esta brecha social y alerta sobre la necesidad de considerar la justica social en cada fase de la adaptación climática: desde la evaluación del riesgo hasta la planificación de políticas. Con el objetivo de acompañar a los Estados miembros en este proceso, la Comisión Europea publicó en 2023 unas directrices específicas para incluir la resiliencia justa como eje transversal de las estrategias nacionales.
La política como garante de los derechos sociales
Para que la transición climática culmine esa aspiración de ser justa e inclusiva, la UE ha desarrollado políticas orientadas a proteger a los más vulnerables. Uno de los ejes de este marco estratégico es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que recoge veinte principios fundamentales orientados a garantizar la igualdad de oportunidades laborales, unas condiciones de trabajo dignas y una protección social adecuada. Este marco actúa como una hoja de ruta para los Estados miembros, orientándolos en la construcción de sistemas económicos más justos, en consonancia con los profundos cambios ecológicos y digitales en curso.
Por otro lado, la UE cuenta con instrumentos financieros complementarios que fortalecen la transición ecológica. En esta línea, el Social Climate Fund asiste frente al incremento de costes del sector energético, el Clean industria Deal impulsa la descarbonización industrial sin dejar atrás a los trabajadores y empresas del sector y Next Generation EU vertebra mecanismos de recuperación y resiliencia para implementar planes nacionales con un enfoque de cohesión y justicia.
Con esta visión colectiva, la UE busca responder a los desafíos específicos de las regiones, sectores y colectivos más expuestos a los impactos de la transformación ecológica. El éxito de esta transición no depende solo de los recursos económicos disponibles: se fundamenta sobre una voluntad de colaboración, empatía y cohesión europea.
