Cristina Leon Vera | 20/01/2026
El riesgo climático ha dejado de ser excepcional para convertirse en un factor determinante para la economía, la sociedad y el sector asegurador. La dana que afectó a España en 2024 evidenció esta realidad. Un año después, evaluamos con mayor precisión sus efectos.
Esto fue posible gracias al X Simposium del Observatorio de Catástrofes, que reunió en el Instituto de la Ingeniería de España a expertos que analizaron este episodio catastrófico, el más costoso registrado en nuestro país y uno de los más disruptivos de la historia reciente. En el evento se presentó el Barómetro de Catástrofes 2024, un informe de referencia que examina desde la gestión de la emergencia hasta las consecuencias económicas y sociales, así como las lecciones aprendidas tras el desastre.
“No podemos evitar las catástrofes, pero sí minimizar sus daños”, señaló en la apertura María Cruz Díaz Álvarez, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España. Una idea reforzada por Pedro Tomey, presidente fundador del Observatorio, que destacó que los fenómenos extremos “se suceden con una regularidad y una fuerza que hace años habríamos considerado excepcionales”.
El duro impacto de la dana
En la Comunidad Valenciana, epicentro de la dana, el 29 de octubre supuso un punto de inflexión con efectos socioeconómicos devastadores. La paralización del mercado laboral en las comarcas damnificadas fue casi total al principio. Sin embargo, gracias a la respuesta institucional y aseguradora, no se produjo destrucción masiva de empleo, y se puso en marcha una recuperación efectiva, aunque desigual. Los municipios más afectados registraron un crecimiento del 6,1% interanual en agosto de 2025, impulsado por los sectores vinculados a la reconstrucción, mientras que las áreas no afectadas mantuvieron ritmos similares a los de años anteriores.
El balance más desgarrador correspondió a las víctimas mortales. Victoria de Elizagarate destacó que en 2024 fallecieron 270 personas por desastres naturales, la cifra más alta del siglo XXI, de las cuales 239 (89 %) fueron víctimas de inundaciones. La experta subrayó la necesidad de establecer planes de emergencias inclusivos, con especial atención a las personas con discapacidad o movilidad reducida, grupo que sufrió de manera desproporcionada los efectos del desastre.
Fragilidad cultural y operativa del territorio
Todos los ponentes coincidieron en que la comunicación y atención a las víctimas era prioritaria, pero también destacaron el profundo impacto de los daños materiales en la vida de las personas. La pérdida de bienes culturales, viviendas, equipamientos o infraestructuras afecta directamente al bienestar de las comunidades.
Una de las aportaciones más novedosas del Barómetro 2024 fue el análisis del impacto en bienes culturales e históricos. La dana afectó a 564 bienes de interés cultural y de relevancia local, concentrándose la mayor parte en la zona cero, especialmente iglesias, ermitas y patrimonio etnográfico. Evaluar el estado de estos bienes recae en el Ministerio de Cultura, pues constituyen la memoria colectiva y contribuyen a la resiliencia social cuando se restauran. Para prevenir daños futuros, el informe recomienda desarrollar planes de emergencia para el patrimonio histórico y digitalizar archivos, ya que los daños por agua o fuego pueden destruir un legado de valor incalculable.
Durante su intervención, Leire Labaka abordó la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante un evento de esta magnitud, y profundizó en el impacto sobre sectores como la energía, el agua, el transporte y las telecomunicaciones, con un coste total superior a los 1.840 millones de euros. Las infraestructuras hidráulicas fueron las más afectadas (1.300 millones), y el aislamiento dejó a 180.000 usuarios sin suministro eléctrico durante días, además de interrumpir más de 500.000 líneas de telecomunicaciones. Labaka concluyó que la dana evidenció la urgencia de modernizar y reforzar estas infraestructuras.
Para finalizar el análisis del barómetro. Víctor Pérez habló del impacto social, condicionado por desigualdades previas. Lanzó una pregunta: ¿qué atributos de la sociedad ha sido moderadores del impacto de la dana? En su respuesta, el experto mostró un patrón dual: áreas costeras y metropolitanas dinámicas frente a un interior envejecido y con menor renta, que presenta además menor capacidad de respuesta. El barómetro concluye que la vulnerabilidad no solo depende de la magnitud de la catástrofe, sino también de las desigualdades preexistentes, por lo que reclamó que la planificación territorial y la gestión del riesgo incorporen el componente social de forma explícita.
Gestión aseguradora: un operativo sin precedentes
La mesa redonda compuesta por Celedonio Villamayor (CCS), Santiago Duro (Agroseguro) y Manuel Mascaraque (UNESPA) permitió conocer la magnitud del esfuerzo de la industria aseguradora frente a la mayor catástrofe de la historia reciente. Villamayor destacó un operativo extraordinario en recursos humanos, medios técnicos y coordinación entre entidades, con más de 4.000 millones pagados en tiempo récord. Entre las lecciones aprendidas, señaló coberturas insuficientes, exclusiones inesperadas y déficits en lucro cesante, así como pólizas no preparadas para pérdidas totales o de alta intensidad.
Desde Agroseguro, Santiago Duro recordó en que su entidad está habituada a gestionar daños catastróficos, pero la escala de la dana fue singular, con más de 10.000 agricultores y ganaderos afectados. Identificó tres claves de aprendizaje tras la experiencia. El necesario apoyo tecnológico en asistencia y valoración de daños, la precisa cercanía y empatía con el asegurado en momentos de enorme vulnerabilidad, y los convenientes procesos claros y peritaciones inmediatas, rigurosas y coordinadas con coaseguradoras e instituciones.
Otros enfoques: inclusión y reconstrucción
El simposium incluyó ponencias transversales: Lourdes González, de Fundación ONCE, subrayó la importancia de diseñar entornos adaptados y de formar a la población sobre cómo actuar durante emergencias con personas con necesidades especiales. Por su parte, Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunidad Valenciana, repasó daños, problemas de contención y la necesidad de reforzar sistemas de alerta temprana y estrategias de reconstrucción basadas en resiliencia.
La jornada cerró con la presentación del informe PERC sobre las inundaciones en Valencia y una ponencia sobre los incendios forestales de 2025, cuyo análisis detallado abordaremos próximamente en la revista.
En conclusión, esta décima edición del Barómetro de Catástrofes ha redefinido la gestión del riesgo climático en España, en todos los ámbitos imaginables. Puso a prueba infraestructuras, administraciones y aseguradoras, sacó a la luz vulnerabilidades sociales y territoriales, y demostró la capacidad de reacción de la industria aseguradora ante eventos extremos.
Conclusiones del Barómetro 2024
La presentación estuvo a cargo de Victoria de Elizagarate, Coordinadora del Barómetro Anual de Catástrofes; Julio Ortega Carrillo, especialista en Economía Aplicada en Analistas Financieros Internacionales; Leire Labaka, Catedrática de la Escuela de Ingeniería Tecnun, Universidad de Navarra; y Víctor Pérez Segura, Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), que dibujaron el alcance real de un año extraordinario.
El primer ponente de la jornada, Julio Ortega, expuso que los costes asegurados por desastres naturales alcanzaron la cifra más alta de la historia (6.335 millones de euros), superando incluso la suma de los tres años anteriores. De esa cantidad, el 83% (5.260 millones) correspondió únicamente a la dana de Valencia, el evento más costoso jamás registrado en España. Sin este episodio, 2024 habría sido el año con menor coste asegurado desde 2016.
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asumió la mayor parte del impacto, con 4.954 millones en indemnizaciones, a los que se sumaron 53 millones de Agroseguro y 192 millones de UNESPA. El resto de catástrofes del año supuso poco más de mil millones adicionales.
Respecto a la distribución por tipo de evento, 2024 presentó una anomalía estadística: mientras que en España es habitual que el peso recaiga en el pedrisco o la sequía, ese año el 90% de los costes se debió a inundaciones.
El impacto económico total sobre los bienes ascendió a 6.670 millones de euros, equivalente al 0,43% del PIB español. En la Comunidad Valenciana, la factura escala a más del 4,56% del PIB regional.
